La impresión de billetes en manos del Estado

El Frente para la Victoria contó con el acompañamiento de sus aliados habituales más un grupo de opositores que ya habían presentado proyectos a favor de la expropiación. El resto de la oposición optó por apuntarle a Boudou.

La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto del Gobierno que declara de “utilidad pública” y “sujeta a expropiación” a la Compañía de Valores Sudamericana (CVS-ex Ciccone Calcográfica). El kirchnerismo, sus aliados más cercanos –Frente Cívico Santiagueño, Nuevo Encuentro y el Movimiento Popular Neuquino– y un puñado de bloques opositores –que incluyó a Proyecto Sur, el juecismo cordobés y Unión Peronista– alcanzaron 145 votos a favor de que la empresa, con capacidad para imprimir papel moneda, pase a manos del Estado. Las demás bancadas opositoras –UCR, PRO, Peronismo Federal, la CC y parte del FAP– reunieron 77 voluntades por el rechazo y concentraron sus críticas contra el vicepresidente Amado Boudou, mientras que cuatro diputados de Unidad Popular optaron por la abstención. La Cámara baja también convalidó el Decreto de Necesidad y Urgencia con que el Ejecutivo intervino por 60 días la firma CVS.

“Muchos bloques opositores presentaron proyectos en este mismo sentido (la expropiación). Algunos mantienen esa posición y otros la revirtieron. ¿Qué cambió de hace tres meses ahora?”, se preguntó el jefe del bloque kirchnerista, Agustín Rossi, en el cierre de las nueve horas de debate. Se refería al radicalismo, al PS y al GEN y algunos federales que habían presentado proyectos de expropiación y votaron en contra de la iniciativa oficial.

Rossi volvió sobre la oposición, que apuntó todos sus dardos contra Boudou. “Unas 480 notas de Clarín y 485 de La Nación ha tenido que soportar el vicepresidente. ¿Qué pasa si después la Justicia desecha las acusaciones? No sean cómplices de corporaciones que otras veces fueron contra ustedes”, insistió Rossi, para luego advertir que esas corporaciones, como en otros momentos históricos, “buscan debilitar la democracia con denuncias de corrupción generalizadas”.

La diputada Diana Conti abrió al mediodía la sesión especial con argumentos similares. Acusó a los bloques opositores de abandonar sus proyectos de expropiación, de no defender los “intereses nacionales” y de formar parte de un “show” “siguiendo como borregos al señor Magnetto (CEO del Grupo Clarín) hablan mal de nuestro gobierno y sólo buscan y escarban ahí maniatando y poniendo en un lugar indigno a esta Cámara”.

Turno opositor

Los diputados radicales se repartieron las líneas argumentales. “Se va en contra de la inviolabilidad de la propiedad privada, lo que está en juego es la propiedad privada”, aseguró Oscar Aguad. “El progresismo que no combate la corrupción, o el progresismo ineficiente, es tanto o más dañino que las concepciones neoliberales o antipolíticas en la gestión”, sostuvo Ricardo Alfonsín. “Esta ley va a ser recordada como la ley Boudou, la ley Ciccone o la ley de la corrupción”, dijo Ricardo Gil Lavedra en el cierre. Sólo el entrerriano Fabián Rogel recogió el guante que arrojó Conti: “Magnetto es enemigo de las grandes causas nacionales”, aseguró, y responsabilizó a Clarín de haber “debilitado” y “volteado” a los ex presidentes radicales Arturo Illia y Raúl Alfonsín.

Elisa Carrió comenzó la mañana entregando en la presidencia de la Cámara de Diputados una observación al DNU por el que se dispone la intervención de la ex Ciccone y pidió declarar su nulidad. “No hay dudas de que el señor Boudou es el propietario de la empresa a expropiar y tienen de rehenes a todos los diputados del Frente para la Victoria”, soltó en el recinto antes de pedir que se “amplíen las denuncias penales a la Presidenta”. Lilita también cargó contra la Justicia: “Los jueces federales de Comodoro Py son el banco que administra el freezer de la impunidad en la República Argentina”.

El peronismo disidente también desplegó variantes. Eduardo Amadeo leyó un texto propio que tituló “Crónica de una ilusión”, con el que atacó a Boudou y a La Cámpora para “defender la soberanía billetaria”. “Estos jóvenes a los que he caricaturizado son una banda de cachafaces”, sentenció. Carlos Brown se encargó de fundamentar su dictamen para crear una comisión investigadora. El denarvaísta Gustavo Ferrari afirmó que “lo esencial” del proyecto oficial es que “está poniendo en vilo la propiedad privada” y advirtió que “todas nuestras propiedades privadas están a tiro de un DNU”.

La misma preocupación expresó el PRO. Julián Obiglio afirmó que el oficialismo propone “la violación permanente de la propiedad privada”. El jefe de los diputados macristas, Federico Pinedo, prefirió darle otro giro. “¿Por qué el Estado, todos nosotros, le deben pagar las deudas del vicepresidente a sus amigos y acreedores?”. Laura Alonso se ganó el cierre macrista repitiendo a un público ampliado las acusaciones que sostuvo en el plenario de comisiones. “Boudou es un funcionario corrupto y un mentiroso”, soltó Alonso que se amparó en sus fueros constitucionales para “no callarme la boca”.

El FAP, dividido

Las diferencias dentro del interbloque del FAP llegaron al recinto, donde hubo votos a favor, en contra y por la abstención, con la única coincidencia de apuntarle a Boudou. El juecista cordobés Ernesto Martínez arrancó afirmando que “no tengo duda alguna sobre la conducta de Boudou”, al que calificó de “pirata del asfalto, motoquero y advenedizo vicepresidente”. Pero luego defendió la expropiación de la CVS: “No podemos ser oportunistas. Lo que era bueno para nosotros hace unos meses no puede malo porque lo plantea otro partido”. Su compañera de bancada, Graciela Villata, volvió a criticar a sus socios del FAP por abandonar sus propios proyectos de expropiación: “Algunos compañeros de este bloque que firmaron con la izquierda sus proyectos ahora votarán con la derecha el rechazo de la expropiación”.

El socialista Juan Carlos Zabalza reconoció las divergencias en el FAP porque se trata de “un frente amplio y progresista”, pero trató de disipar las dudas sobre la alianza política afirmando que “comparten el objetivo de construir una alternativa política en la Argentina”. El socialismo junto al GEN de Margarita Stolbizer habían presentado un dictamen conjunto a favor de la expropiación, que luego trocaron por un dictamen de “rechazo absoluto”, al que se sumó Victoria Donda, de Libres del Sur. La Unidad Popular –que comandan Claudio Lozano y Víctor De Gennaro– terminó por inclinarse por la abstención “ante la falta de información oficial” sobre la ex Ciccone.

“El Estado debe recuperar su capacidad soberana para producir moneda. Las cajas negras necesitan de la complicidad de grandes sectores de poder, incluso de sectores de la oposición. No se nos escapa que algunos que jamás reclamaron por la mafiocracia de los ’90 hoy se escandalizan”, sostuvo Fernando “Pino” Solanas para respaldar la expropiación que propuso a través de un proyecto propio. El líder de Proyecto Sur tampoco ahorró críticas a Boudou, aunque afirmó que el proceso judicial paralelo “no será interferido por el proceso de expropiación”.

Felipe Solá siguió la misma línea. Sostuvo que su bloque votaría a favor de la expropiación, pero no fue benévolo con Boudou y responsabilizó al oficialismo de brindarle “ayuda a que ese cobarde siga escondido”.

A esa altura del debate y con todas las cartas sobre la mesa, el oficialismo confirmó su certeza de que no tendría inconvenientes en transformar en ley la expropiación de la ex Ciccone.

La tortura es más grave que las salidas de presos: EL CELS ANTE EL DEBATE CARCELARIO

A propósito de las recientes salidas de detenidos para realizar actividades y asistir a actos políticos, la polémica sobre el rol de las cárceles y los castigos volvió a la opinión pública, en medio de polémicas y pedidos de diputados para restringir la ley penal. Aquí, una reflexión del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sobre derechos y obligaciones.

 

Adentro y afuera. El Vatayón Militante, que defiende el derecho de los presos a hacer política.

Las discusiones de las últimas semanas sobre las salidas de detenidos a distintas actividades pusieron otra vez en las tapas de los diarios a la cárcel y al castigo. Para un tema tan invisibilizado, esto puede parecer una buena noticia. Sin embargo, pasados los días y decantada la conmoción, lo que queda es confusión y un mensaje sobre la necesidad de restringir este tipo de autorizaciones. En estos días se conoció que los diputados de distintos partidos Patricia Bullrich (Unión por Todos), Gerardo Milman (GEN) y Gustavo Ferrari (Frente Peronista) plantearon la urgencia de modificar la ley nacional de ejecución penal para evitar nuevos escándalos. Esta sería la peor traducción política posible de todo lo que pasó. Recordemos, si no, la franca ineficacia de la reforma penal impulsada por Juan Carlos Blumberg y otros sectores políticos en 2004 que se cristalizó en medidas orientadas al endurecimiento punitivo.

Este mecanismo para generar alarma social, quitar contenido a las discusiones, volverlas superficiales, dejar la idea de que nada funciona y todo está mal, no es nuevo. Si la discusión se circunscribe a cuán acertadas son ciertas autorizaciones de traslado de presos para actividades extramuros o a la presencia de organizaciones de carácter político en la cárcel, se pierde la oportunidad de avanzar en un debate serio sobre el castigo y los lugares de encierro. Finalmente, el formato del escándalo, con famosos incluidos, logra tapar la tortura. El submarino seco que se pudo ver en la comisaría de General Güemes, provincia de Salta, o el joven colgado y golpeado en su celda de la Unidad 32 de Florencio Varela, en Buenos Aires, fueron tratados en forma secundaria, como cuestión marginal y contingente de la discusión.

En medio de esto, es necesario proponer otros debates que jerarquicen los problemas. En el informe anual 2012 del CELS, Derechos humanos en Argentina, que releva lo sucedido durante el año 2011, planteamos algunos temas centrales del encierro en el país que están poco visibilizados y que, en términos generales, no han provocado fuertes reacciones políticas ni sociales. También sostenemos que la situación del sistema penitenciario bonaerense presenta niveles de violencia y privación de derechos estructurales que requieren intervenciones urgentes. Y que la situación del sistema federal, en menor medida, presenta también problemas de violencia institucional y prácticas que requieren ser cambiadas.

La pregunta sobre la violencia en la cárcel no desconoce su carácter constitutivo a los lugares de encierro, sino que busca entender el modo en que se expresa el castigo en este momento histórico particular y las formas de esa violencia. Resalta la necesidad de que se discutan políticas y realicen acciones concretas para disminuir la conflictividad y que se sostengan mensajes políticos y éticos sobre la prohibición de la tortura y el maltrato.

El informe da cuenta del alto número de detenidos que fallecen en incendios en cárceles y comisarías de todo el país, de los graves problemas de salud que padecen y de la arbitrariedad con la que se rige la vida en esos espacios. Plantea, también, la preocupación por el aumento de las muertes por violencia, suicidios o problemas de salud en el sistema bonaerense y federal. Pero a su vez, intenta entender y explicar las lógicas de la gestión penitenciaria. Pensemos en sistemas que no han sido reformados en su estructura y profundidad desde la última dictadura militar y que, en general, resisten cualquier iniciativa de cambio. 

 
Entonces, hay tortura en los lugares de detención del país. Hay maltrato. Hay también algunas políticas que intentan modificar lógicas, abrir espacios y generar nuevas estrategias de gobernabilidad.

La pregunta, en todo caso, es cómo avanzar en una reforma de los servicios penitenciarios que desande su estructura militarizada y deje de lado las políticas de aislamiento. La idea es que es preciso avanzar sobre el control civil y modificar su forma de organización. Así como se discute sobre las policías, es necesario debatir sobre la gobernabilidad democrática de los lugares de detención.

Esto implica, en gran medida, poner también en discusión las políticas y los recursos destinados al egreso y la reinserción de las personas luego de haber pasado un tiempo detenidas.

Es preciso enfatizar que las tramas de la violencia intramuros se resignifican en el afuera y deben ser incorporadas al debate sobre seguridad. Las trayectorias de vida marcadas por el encierro muestran innumerables abandonos y maltratos estatales que son cristalizados en las condiciones de vida en que se priva de libertad.

En los últimos años, se han dado procesos políticos y sociales muy importantes para el avance de los derechos humanos en el país. La cuestión del castigo y del encierro tiene que estar en esa agenda y ser asumida por las fuerzas políticas en todas sus dimensiones.

Es muy importante salir de la lógica del pánico, de un “otro” a quien es necesario denigrar.

La difusión de actividades culturales, políticas, incluso festivas puede afectar sensibilidades, pero también que en términos políticos implica dar otra imagen, llevar otro mensaje, no estigmatizador, sobre las personas que están allí alojadas. Esto no significa dejar de evaluar decisiones de gestión que pueden ser equivocadas, sino que resalta la necesidad de complejizar esos debates para entender el contexto carcelario.

Es fundamental que los hechos de tortura y de tratos denigrantes causen más conmoción social que las salidas sobre las que se ha discutido tanto. Y es muy importante también que esta nueva revalorización de la política genere interés por el tema, las organizaciones políticas y sociales ingresen en los lugares de detención y compartan la visión de que la violencia en el castigo habla de nuestros valores sociales.

La mirada del Poder Judicial

En la discusión sobre el funcionamiento del sistema penitenciario no puede faltar la reflexión sobre el rol del Poder Judicial. A riesgo de generalizar injustamente, es preciso remarcar la responsabilidad de los sistemas de Justicia por sostener graves formas de impunidad.

En un caso de fuertes golpizas contra detenidos alojados en la Unidad 11 de Neuquén, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia decidió que era correcto no condenar a los penitenciarios por torturas, sino por figuras más leves como las vejaciones o los apremios. La cuestión no es meramente jurídica, ni se basa en una pretensión punitiva desmedida. Esta imposibilidad de llamar a las cosas por su nombre y darles la interpretación que corresponde hace al posicionamiento ético, jurídico y político de los poderes judiciales y explica la fuerte aceptación y naturalización con la que enfrentan los hechos de violencia institucional que llegan a sus escritorios. Las prácticas son negadas, justificadas o menospreciadas. 

La sentencia del STJ de Neuquén opta por una evaluación ascética de los hechos, recortados en su máxima expresión para quitarles peso y profundidad, al no analizar el contexto de encierro. Prefiere no inmiscuirse en los efectos del padecimiento humano, físico y psíquico, de la reiteración de violencia física sorpresiva, el sometimiento humillante a la autoridad, la desnudez, el frío, las patadas, los gases y las barras de hierro que golpean en los pies. El análisis judicial, complaciente del accionar del grupo de requisas para doblegar una alegada situación de violencia interna que –según ellos– comienza legalmente y termina en exceso de algunos, oculta el ejercicio de esta violencia estatal bajo la excusa de mantener el orden.

No existe en el fallo una condena manifiesta a este tipo de prácticas, ni la necesidad de que se trabaje sobre los estándares adecuados de uso de la fuerza.

Deja de lado las dinámicas de la violencia carcelaria que ponen en contexto los hechos probados y le dan sentido.

Hace unos meses, otro tribunal absolvió a los responsables de haber torturado y violado a un detenido bonaerense por una interpretación formalista de la prueba y por el descrédito absoluto a la palabra de los detenidos.

Sin duda, este es otro de los temas urgentes sobre los que hay que hablar.

Fuente: CELS

Obras para construir más aulas

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El impacto de la Asignación Universal por Hijo en la escuela media se verifica en más cantidad de nuevos alumnos y en mayor presentismo, según un estudio del Ministerio de Educación. Esto exige más establecimientos. Plan de 240 millones de pesos para obras.

“La Asignación Universal por Hijo ha incrementado la cantidad de estudiantes en las escuelas medias. La cifra que manejamos es de 120 mil nuevos estudiantes. Existe un triple efecto detrás de la Asignación. Incide en la cantidad de nuevos alumnos en las escuelas, también hay un mayor presentismo y evita la deserción. Actualmente estamos defendiendo el 82 por ciento de escolaridad media, eso exige la construcción o ampliación de una mayor cantidad de establecimientos, sobre todo secundarios y de primera infancia”, afirmó a Página/12 Alberto Sileoni, ministro de Educación de la Nación. Según el Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo (Promedu), el Gobierno destinará 240 millones de pesos en 2012 y 2013 para la ampliación de escuelas existentes. Esto equivale a 95 proyectos en todo el país, de los cuales 36 se explican por el crecimiento de la matrícula a partir de la AUH.

El Promedu se divide en dos subprogramas: uno es manejado por el Ministerio de Planificación, encargado de construir nuevas escuelas, y otro que es gestionado por Educación, abocado a realizar ampliaciones y refacciones en escuelas. También distribuye recursos en concepto de libros, equipamiento y útiles. Los fondos surgen del Banco Interamericano de Desarrollo y aportes de la administración nacional. Actualmente está en funcionamiento el Promedu II, que se extiende en todo el país. Su presupuesto es equivalente a 200 millones de dólares, de los cuales el 25 por ciento está destinado a la ampliación de escuelas.

El convenio firmado por Educación, que es al que adhieren las distintas jurisdicciones, prevé financiar la adecuación, reparación y ampliación de escuelas en los niveles primarios y secundarios, “que atienden prioritariamente a los alumnos en condiciones de pobreza, a fin de dar cuenta de las necesidades del sistema educativo generadas por el aumento de la matrícula surgida de la implementación de la AUH, la adecuación de edificios en función de los cambios en el ciclo, producto de la Ley de Educación Nacional, y la aplicación de la modalidad de jornada escolar extendida”.

A partir de la aplicación del Promedu II, el Ministerio de Educación tiene la posibilidad de medir el grado de impacto de la AUH en la infraestructura escolar. Según lo establecido en el convenio, el Estado nacional asigna un cupo determinado a cada una de las provincias en función de un indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas, sumado a la información que surge de la matriculación en cada una de las provincias. Luego, el programa requiere la adhesión de las jurisdicciones. Es decir, una vez asignado el cupo, son las provincias las que elevan un pedido de ampliación o refacción a la Nación, en función de sus proyecciones por el incremento de la matrícula. “El objetivo es que todos hagan sus pedidos. Si hay alguna jurisdicción que no participa, se reasignan los recursos”, explicó a este diario uno de los administradores del programa. Del Promedu II, solamente Chubut y Neuquén no han formalizado pedidos de ampliación de escuelas.

Del total de 95 proyectos en todo el país, la provincia de Buenos Aires realizará 20 obras de ampliación de escuelas, todas producto del incremento de la matrícula generada por el impacto de la AUH. En total recibirá 47,6 millones de pesos. La provincia de Santa Fe realizará siete proyectos, uno adjudicado a la AUH y los otros a la aplicación de la jornada extendida. En total, la provincia gobernada por el socialista Antonio Bonfatti recibirá 24,4 millones de pesos. En Formosa se realizarán cuatro ampliaciones por un incremento de la matrícula explicada por la AUH, por un total de 7,4 millones de pesos. Y en Jujuy se solicitaron cuatro proyectos, tres por la incidencia de la AUH y uno por la jornada extendida, por un total de 10,2 millones de pesos.

En Salta se realizarán ocho ampliaciones, la mitad por efectos de la AUH y el resto por la aplicación de la jornada extendida, por un total de 17,8 millones de pesos. Por ejemplo, en esta jurisdicción habrá establecimientos secundarios que incrementarán su matrícula de 198 a 313 alumnos, un aumento de 58 por ciento. También hay un caso donde se proyecta el alza de la matrícula en 115 por ciento, al pasar de 102 a 220 alumnos.

La ciudad de Buenos Aires, gobernada por Mauricio Macri, quien suele decir que la Nación no destina recursos a su jurisdicción, solicitó cuatro obras, de las cuales dos se explican por la incidencia de la AUH. En total recibirá 6,1 millones de pesos para la ampliación y refacción de escuelas. Además tiene la posibilidad de recibir (depende de si lo ejecuta o no) otros 9,6 millones de pesos del Promedu II en concepto de libros, equipamiento multimedia, laboratorios, transferencias y otras obras.

“La distribución de los 120 mil nuevos alumnos tiene que ver con las mayores necesidades de algunas provincias. En este sentido, la AUH incidió de manera más fuerte en el Norte grande y el conurbano bonaerense. Pero hay que ver el tema más allá de lo cuantitativo. Los últimos que se incorporan a la escuela son los más carenciados. Por eso la AUH nos habla de una dignidad renovada en los colegios. Hay mejores condiciones materiales, la mochila de los chicos es menos flaca y esto ha permitido recuperar la clase de plástica, por ejemplo. La incidencia de la AUH también tiene que entenderse junto a otras medidas como los 45 millones de libros distribuidos o los dos millones de netbooks”, explicó Sileoni a este diario.

Fuente: Página12 

Indec: la canasta básica alimentaria se incrementó 1,6% en marzo

Oigan pánfilos de turno, en ningún lado y medio oficial, el indec manifestó que con $6 es lo justo y necesario para comulgar las cuatro comidas al día, es una ecuación erronea y desnaturalizada hecho por los medios que tanto han tergiversado la información , inflandola de tal modo de poner fantasma en dónde no los hay. Esto es peor que la historia de que el gobierno Nacional subsidiaba los combos de Mcdonalds y peor aún la historia de que CFK uso el avión presidencial para llevar un pack de pepsis de Bs As a Calafate, investiguen estimados mios, no se queden con la primera noticia sensacionalista que leen y menos con información que nace de los grupos del facebook y de blogs que no brinda la fuente de noticia. 

Aquí la noticia: 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que el ingreso para que una familia de tres hijos supere la línea de indigencia fue en marzo de $717,11, con una suba de 1,6% frente al mes anterior. La misma familia necesitó un ingreso de $1.586,35 para estar sobre la línea de pobreza.
En el tercer mes de 2012, el ingreso necesario para que una familia con tres hijos de entre uno y cinco años esté sobre la línea de indigencia -Canasta Básica Alimentaria (CBA)- fue de $717,11, lo que representó un aumento de 1,6% frente al mes anterior y de 12,6% en su variable interanual.

A su vez, el ingreso necesario para que el mismo grupo familiar supere la línea de pobreza -Canasta Básica Total (CBT)- fue de $1.586,35, con un incremento de 1,5% en relación a febrero y de 13,6% respecto al mismo período del año anterior.

En cambio, una familia de cuatro miembros, con dos hijos de 5 y 8 años, necesitó un ingreso de $659,48 para superar la línea de la indigencia y de $1.458,87 para superar la línea de la pobreza.

El índice que muestra si una familia está en situación de indigencia es el que mide la Canasta Básica Alimentaria (CBA). Para medir la situación de pobreza se tiene en cuenta la Canasta Básica Total (CBT). La segunda considera también bienes y servicios no alimentarios.

La forma en la que se obtiene el índice de indigencia es calculando las calorías que necesita una persona de cada edad y sexo para estar saludable. Para ello se sondea el precio de los productos de consumo por sector socia y el aporte calórico de cada uno de esos alimentos, precisó el Indec.

Finalmente se hace un promedio de costo y se lo cruza con lo que debe consumir un ciudadano en cada edad. Por eso, el índice depende de la cantidad de personas que integran el grupo familiar, de la edad y del sexo.
Fuente: 
http://www.prensa.argentina.ar/2012/04/13/29748-indec-la-canasta-basica-alimentaria-se-incremento-16-en-marzo.php

Arranca este martes el juicio oral por el pago de sobornos en el Senado

El ex presidente Fernando de la Rúa será juzgado por "cohecho activo agravado".

Para el juicio han sido convocados 339 testigos, entre ellos la presidenta Cristina Fernández de Kirchner -que pidió declarar por escrito-, quien en aquella época era legisladora y votó en contra del proyecto impulsado por el gobierno de la Alianza.

El Tribunal Oral Federal 3 dará inicio al juicio con la lectura de los requerimientos de elevación de la fiscalía, los querellantes y finalmente del juez federal Daniel Rafecas que instruyó la causa en su tramo final, en una audiencia que se prevé durará unas seis horas, para luego pasar a cuarto intermedio hasta la semana siguiente, cuando está previsto el inicio de las declaraciones indagatorias de los juzgados.

De La Rúa llegará a juicio procesado por "cohecho activo agravado" a raíz de haber presuntamente dado el aval al pago de los sobornos -que la Justicia dio por probado- que se efectuó a senadores opositores en el 2000 para lograr la sanción de la ley de reforma laboral, ya derogada.

Además serán juzgados el ex secretario parlamentario del Senado, Mario Pontaquarto; el ex ministro de Trabajo de la Alianza, Alberto Flamarique; el ex jefe de la SIDE Fernando de Santibañes y los ex senadores Augusto Alasino, Alberto Tell, Remo Constanzo y Ricardo Branda.

Uno de los ausentes del juicio será el ex senador justicialista Emilio Cantarero, mencionado por la prensa como quien confesó lo ocurrido a una periodista, quien fue declarado inimputable por sufrir del mal de Alzheimer, en tanto otro acusado, el ex jefe del bloque radical en la Cámara Alta, José Genoud, se suicidó.

El primero en ser llamado a indagatoria en el inicio del debate en los tribunales federales de Comodoro Py será el arrepentido ex secretario parlamentario Pontaquarto, porque los jueces Gerardo Larrambebere, Miguel Pons y Guillermo Gordo pretenden reconstruir todo desde el principio, en caso de que el procesado acceda a hablar ante ellos, explicaron a Télam fuentes del tribunal.

En total 17 testigos solicitaron responder por escrito en el juicio, entre ellos la Presidenta de la Nación, el legislador porteño Anibal Ibarra, la embajadora Alicia Castro, el dirigente gremial Victor De Genaro, el gobernador José Luis Gioja, el ex presidente Carlos Menem, y los diputados Héctor Recalde y Jorge Yoma, un privilegio al que pueden acogerse por sus fueros, por lo que el Tribunal irá definiendo esas declaraciones y los cuestionarios a medida que surjan en el juicio elementos de pregunta a cada uno de ellos.

Al momento de la sanción de la ley, la actual Presidenta era senadora y se opuso en la votación a la reforma laboral.

También será testigo el titular de la CGT, Hugo Moyano, a quien se adjudica haber citado al ex ministro Flamarique diciendo "para los senadores tengo la Banelco", en relación a la votación de la ley que era resistida y exigida por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Un testigo de relevancia será un chofer de la ex SIDE que habría llevado a Pontaquarto en el trayecto de búsqueda del dinero para los sobornos.

También está citado el ex vicepresidente Carlos "Chacho" Alvarez, quien renunció al gobierno de la Alianza cuando comenzó a destaparse el escándalo de los sobornos, en octubre de 2000.

En el listado se incluyó también a dirigentes gremiales como Armando Cavalieri y a ex funcionarios de la Alianza como el ex ministro del Interior, Federico Storani, al ex jefe de Gabinete Rodolfo Terragno y el ex secretario privado de la Presidencia, Leonardo Aiello, entre muchos otros.

El juicio estaba previsto para noviembre pasado pero se suspendió a horas del comienzo debido a un inconveniente con la defensa de Pontaquarto, quien en ese interín fue condenado a dos años y un mes de prisión por omitir declarar viáticos en el Senado.

Esta será la primera vez en que un ex primer mandatario argentino será juzgado por un hecho de soborno, ya que el antecedente conocido es el juicio oral al que se sometió al ex presidente Carlos Menem, pero por contrabando de armas a Croacia y Ecuador, en el que resultó absuelto.

Según la causa judicial, la SIDE entregó cinco millones de pesos para repartir a senadores del bloque justicialista por su voto favorable a la sanción de la ley, dinero que habría manejado Pontaquarto en persona, guardado en su casa y luego llevado a la de Cantarero para el reparto.

El escándalo salió a la luz a raíz de un anónimo que circuló en el Congreso, el cual se cree fue confirmado por Cantarero y finalmente ratificado ante la Justicia por el ex secretario parlamentario Pontaquarto tres años después.

De la Rúa quedó implicado y fue procesado a raíz de darse por probado que hubo una reunión previa en la Casa de Gobierno donde se lo había informado de la intención de realizar un hecho ilegal para lograr la aprobación de la ley y el entonces presidente habría dicho "eso arréglenlo con De Santibañes".

Los acusados llegarán al juicio procesados por “cohecho” activo -los funcionarios- y "cohecho" pasivo -los senadores-, a raíz del supuesto pago a senadores de 4.300.000 pesos el 26 de abril de 2000 en la casa del entonces senador Cantarero, tras finalizar la sesión donde se votó la ley de Reforma Laboral.

Según la acusación del fiscal federal Federico Delgado, que instruyó el caso, resultó creíble lo referido por el ex secretario parlamentario Pontaquarto, quien confesó haber llevado las valijas con el dinero desde la SIDE, por ese entonces a cargo de De Santibáñes hasta el Congreso Nacional.

El "cohecho activo agravado y malversación de caudales públicos", delito por el que quedó procesado De la Rúa, prevé penas de hasta diez años de prisión.

De la Rúa fue incorporado a juicio después de muchos pasos judiciales, por decisión del juez federal Rafecas, quien encontró pruebas para entender que sabía de lo ocurrido y dio su aval para que sucediera.

Resarcimiento para las víctimas de diciembre de 2001

El proyecto de ley que establece un resarcimiento económico para las víctimas de la represión durante las jornadas de protesta está en camino de ser aprobado en la próxima sesión de la Cámara de Diputados.

Tras haber obtenido en la última semana dictamen favorable de la comisión de Presupuesto y Hacienda, la iniciativa del diputado kirchnerista Remo Carlotto, quedó en condiciones de ser tratada por el plenario del cuerpo.

Como paso previo al visto bueno de la comisión de Presupuesto, el proyecto había conseguido dictamen en las comisiones de Justicia y de Derechos Humanos –cabecera en el estudio del tema.

Los días 19, 20 y 21 de diciembre del 2001 se sucedieron violentos hechos de represión, ejercida desde el Estado, sobre movilizaciones y protestas que sucedían en diferentes puntos del  país.

Uno de los desencadenantes de la represión efectuada fue el estado de sitio dictado por el presidente Fernando De la Rúa mediante cadena nacional en la tarde del 19 de diciembre, y publicado en el Boletín Oficial, mediante decreto, un día después.

En los fundamentos de ese decreto se expresaba que el Congreso de la Nación se encontraba en receso, aunque en realidad ese miércoles 19, horas antes del anuncio del estado de sitio, tanto Diputados, como el Senado habían sesionado.

Diversas filmaciones televisivas, que también serán instrumento de prueba para el otorgamiento de los resarcimientos, quedaron como registro de la brutal represión por parte de las fuerzas policiales a cargo del entonces secretario de Seguridad Interior de la Alianza, Enrique Mathov, y del ex jefe de la Policía Federal, Rubén Santos.

El proyecto que llegará al recinto de la Cámara baja apunta a la reparación económica de los familiares de las 36 víctimas fatales y de los cientos de heridos en aquellas jornadas.

En diálogo con Télam, Carlotto recordó que tomó la iniciativa “de un proyecto presentado en 2003 por el diputado socialista Eduardo Di Pollina, quien en el 2005 terminaba su mandato”.

“Este proyecto llega para reparar, como una de las medidas del Estado para con las víctimas que el Estado provocó. Ante un daño del Estado, es un acto de reparación necesario”, aseveró.

En este sentido agregó que “no sólo se atienden las consecuencias económicas que tuvieron víctimas, sino que se avanza en un carácter más integral que contemple la atención psicológica y médica”.

Por su parte, Claudio Lozano, de Unidad Popular en el Frente Amplio Progresista, dijo sobre el proyecto que “el resarcimiento a las víctimas del 19 y 20 de diciembre del 2001 es un acto de justicia para con quienes con su vida y con sus cuerpos parieron la posibilidad de un nuevo tiempo político en la Argentina”.

Según el proyecto, la indemnización a las víctimas comprenderá los casos de muerte; lesiones gravísimas y lesiones graves y a los efectos de la acreditación del carácter de víctima de la represión se admitirá cualquier medio de prueba.

El texto agrega que, en el caso de muerte de la víctima, serán beneficiarios del resarcimiento económico sus derechohabientes; y que también serán beneficiarios los que hayan vivido en unión de hecho por lo menos dos años anteriores al fallecimiento.

El resarcimiento económico obtenido por la presente ley es incompatible con cualquier acción judicial por daños y perjuicios planteada por los beneficiarios.

Se establece que la solicitud del resarcimiento económico se hará ante la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que reviste el carácter de Autoridad de Aplicación de la norma.

En relación a los montos, prevé un monto equivalente a 100 veces la remuneración mensual de los agentes Nivel A, Grado 8, del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa por la totalidad de los rubros que integran el salario del agente sujeto a aportes jubilatorios.

Para las víctimas con lesiones gravísimas, prevé un monto equivalente a 30 veces esa remuneración y para los lesionados graves, un monto equivalente a 20 veces esa remuneración

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Además, aclara que dichas sumas no comprenden los montos necesarios para afrontar eventuales gastos de internación, operación y recuperación, los que deberán ser erogados por el Estado Nacional en su totalidad.

Fuente: Noticias Congreso Nacional 

Subterráneos. Micro de Presidencia de la Nación.

Video explicativo del conflicto gremial de los metros delegados y la responsabilidad ausente del gobierno de la Ciudad en no hacerse cargo de los subtes.

8 de diciembre: Fecha para la desmonopolización de Clarín

Todas las miradas están puestas en el 8 de diciembre. La pregunta que sobrevuela es si se podrá aplicar finalmente la ley de medios en su integralidad, pero hay que ir paso a paso.

En primer lugar, recordar que la democracia argentina tardó 26 años en cambiar el decreto-ley de la dictadura. Todos sabemos por qué, aunque algunos miren para otro lado. La democracia fue débil frente a la presión de los grupos mediáticos que en los ’80 querían una ley que permitiera la conformación de los multimedios y el proyecto del ’87 lo prohibía. Luego, durante los ’90 no fue necesaria para los grupos una nueva ley, ya que con los D.N.U. alcanzaba para ir conformando un mapa de medios concentrado, de acuerdo con las necesidades de la globalización y sus beneficiarios locales.

Hay que recordar que las empresas info-comunicacionales jugaron un papel central en la reproducción del discurso globalizador y del nuevo capitalismo financiero. El investigador Denis De Moraes señala que, más allá de influir en la conformación del imaginario social, los medios monopólicos realizan un doble papel estratégico de reproducción ampliada del capital.

David Rothkopf, ex colaborador de Bill Clinton y hoy presidente de una consultora de negocios globales, afirma que, para los Estados Unidos, “el objetivo central de una política externa en la era de la información debe ser ganar la batalla de los flujos de información mundial, de la misma forma en que Gran Bretaña reinaba antiguamente sobre los mares”.

El economista egipcio Smir Amin observa que las asimetrías entre los centros hegemónicos, de los cuales las megaempresas son exponentes, y las periferias, se constituyen a partir de cinco monopolios que benefician a los centros de poder y alrededor de los cuales se articulan la eficacia de sus acciones: 1) los monopolios en el ámbito de la tecnología; 2) los monopolios en el control de flujos financieros de envergadura mundial; 3) los monopolios en el acceso a los recursos naturales del planeta; 4) los monopolios de la palabra y de la opinión en los medios; 5) los monopolios en la esfera de los armamentos de destrucción masiva.

Es decir, que cuando el gobierno argentino encaró el cambio de la ley de medios se estaba metiendo con uno de los resortes centrales por los cuales pasa la construcción del poder, aquí y en cualquier parte del mundo; y lo hacía para democratizarlo.

En los Cuadernos de la cárcel Gramsci encuadra a la prensa como la parte más dinámica de la superestructura ideológica, caracterizada por él como la “organización material volcada a mantener, defender y desarrollar el frente teórico-ideológico”, es decir, un sostén ideológico del bloque hegemónico.

Cuando Antonio Gramsci hablaba de hegemonía, presuponía la conquista del consenso y del liderazgo cultural y político ideológico por una clase o bloque de clases que se impone sobre las otras, y es allí donde los medios masivos juegan un papel fundamental en la reproducción de un discurso.

En nuestro país tenemos como ejemplo lo sucedido en la década de los noventa, que fue el resultado de una política definida en la década anterior. Desde los programas de televisión se le hablaba a “Doña Rosa”, el mito que se creó del argentino medio, a quien se le decía que para agrandar la Nación en realidad había que achicar el Estado, privatizar los ferrocarriles, lo mismo con los teléfonos, es decir, desprenderse de todas aquellas cosas que eran inútiles. Entonces, íbamos a vivir mucho mejor. En consecuencia, se logró un consenso hegemónico donde el interés económico y político de una minoría se impuso por consenso al interés concreto de la mayoría. De hecho, las “Doñas Rosas” votaron ese esquema, aunque luego les congelaron la jubilación, sus hijos se quedaron sin trabajo y sus nietos fueron completamente excluidos del sistema productivo, social, económico y cultural de la Argentina de esos años.

La globalización fue planteada tanto en Argentina como en el mundo como un proceso normal producto de las nuevas tecnologías. Lo cierto es que, en verdad, este fenómeno aparentemente natural era, desde los planos político y cultural, una profunda reorganización del poder económico y del poder político a escala mundial.

Finalizada la década del 90 y pasada la crisis 2001/2003, los grandes medios dejaron de ser voceros de corporaciones para convertirse en parte de ellas. A modo de ejemplo podemos decir que las cuatro mayores empresas de medios y entretenimiento de América latina (Globo de Brasil, Televisa de México, Cisneros de Venezuela; Clarín de Argentina) retienen el 60 por ciento de la rentabilidad total de los mercados y de las audiencias (Becerra y Mastrini, 2009).

Por ese motivo, la aplicación total de la nueva ley de medios requiere de un proceso y del entendimiento de toda la sociedad de que se trata de un tema central de la democracia.

La autoridad federal en la materia (Afsca), que es un órgano del Estado y no del gobierno, ya que la ley establece la participación de las minorías parlamentarias y de la sociedad civil en su directorio, ha dictado la resolución 901/02 por la que actuará de oficio en la determinación de la adecuación a la ley (cumplimiento del art 161).

Al 8 de diciembre, como señaló la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, todos los grupos deberán ajustarse a derecho. ¿Por qué? Porque la ley, basada en el Pacto de San José de Costa Rica, consagra a la comunicación como un derecho humano básico y reimplantó cláusulas antimonopólicas para que se cumpla efectivamente ese derecho.

Así, seguramente y por lo que la experiencia indica, el grupo de Radio 10 deberá adecuar sus radios que le sobran; el ex grupo Cie-Rock & Pop deberá hacer lo mismo tanto en AM como en FM; Vila y Manzano deberán adecuar sus cables con los canales de aire, Telefónica deberá desprenderse de algunos canales para llegar al 35 por ciento del total de la audiencia potencial y siempre que el organismo considere que por la reforma de 2005 puede tener canales a su nombre y Clarín, en cumplimiento del principio de igualdad ante la ley, también deberá achicar su participación en el cable hasta el 35 por ciento del total de abonados, deberá decidir si se queda con canales de aire o cable en la misma localidad y, finalmente, ordenará la grilla como los jueces se lo indican.

Como se ve, la tarea es ardua pero vale la pena porque se trata de democratizar la palabra. De generar tantos puntos de vista como sea posible, para que el oyente y televidente se conviertan en ciudadanos.

Estamos hablando de democracia y de la forma en que nuestra sociedad la encara, con monopolios o sin ellos. En definitiva quien gobierna, el pueblo a través de sus representantes, o las corporaciones. Seguramente será un 8 de diciembre muy especial.

Fuente: Página 12 

Lorenzetti: “La reforma del Código Civil es el proceso más participativo de la historia”

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, afirmó que la reforma al Código Civil y Comercial que está en marcha “es el proceso más participativo de la historia del país” y que se adaptará a la nueva sociedad porque "la gente quiere más libertad y más flexibilidad”.

“La reforma es una vieja aspiración de la comunidad argentina. Hace 30 años hubo varios proyectos que fracasaron por lo que yo llamo la hoguera de las vanidades, y eso hizo que nunca se obtenga nada”, sostuvo Lorenzetti.

El magistrado consideró que “es momento de mostrar la madurez suficiente al pueblo argentino, para que se demuestre que sabemos hacer una obra colectiva superior a nuestros intereses individuales”.

Lorenzetti recordó que el proyecto fue presentado “en un acto público para que esto sea una política de Estado y no de Gobierno, por eso en esto está representado todo el oficialismo, la oposición y la comunidad académica”, y remarcó que fueron invitados muchos juristas para dar su opinión.

“El Poder Ejecutivo Nacional hizo sus sugerencias y ahora estamos en el trámite de la comisión bicameral del Congreso, y sería bueno que después nos juntemos para ver cómo se puede incorporar lo que quieran los legisladores. Creo que es el proceso más participativo de la historia del país en lo que hace a un Código, no hay antecedente”, dijo durante una entrevista con Senado TV.

Con respecto a algunas críticas sobre el período de tiempo que se tomará para el debate, el ministro trajo a colación que “el Código de Vélez Sarsfield se trató en un mes” y que tampoco “se puede tardar años”.

“El código de Vélez se pensó para un hombre adulto, de clase media alta y que tenía educación. Todo eso ha cambiado. Este proyecto tiene muchas disposiciones que tienen que ver con lo que ya hizo el Congreso en materia de derechos de la mujer, el matrimonio igualitario, etcétera; y se protege a los excluidos y a los pueblos originarios”, recalcó.

También subrayó que el nuevo Código tendrá “incorporado al niño y al adolescente, que no eran sujetos importantes en el viejo. Los adolescentes ahora deciden muchas cosas, los menores entre los 13 y 18 también, y hay que protegerlos. Y los adultos en edad avanzada también tendrán normas que los protejan, por ejemplo al contratar servicios, eso no estaba contemplado”.

A la vez enfatizó que con la reforma “se ha cambiado el paradigma” en lo que hace a las personas con capacidades diferentes: “Antes eran considerados disminuidos y se le nombraba un curador. Esto ahora se invierte y se presume la capacidad".

"Para internarlos hay un proceso riguroso y controlado, con equipo interdisciplinario. Una estructura pensada para el desarrollo de la personalidad y no para aplastarla”, completó.

En referencia a la controversia desatada por la fertilidad asistida, Lorenzetti informó que recibió a la Conferencia Episcopal que pidió que en el Código quedar asentado que “el embrión no implantado es vida”, pero señaló que en el proyecto “no es materia regulada” y que la comisión que él presidió optó “por mantener una visión enfocada en las consecuencias” y no del hecho en sí.

“Si el embrión no está implantado no decimos nada, en todo caso hay que dictar una ley para su protección”, destacó, y agregó en lo que hace a maternidad subrogada: “no se dice si está bien o mal, sino cómo se soluciona cuando haya casos. Es algo que tendrá que ser autorizado por el juez, se dio una visión restrictiva porque es un tema difícil y hay que regularlo con restricciones”.

Lorenzetti y la vicepresidenta de la Corte, Elena Highton de Nolasco, participarán la semana que viene en el debate de la comisión bicameral que analizará el proyecto de reforma del Código Civil y Comercial -arrancará el martes-, la cual ya cuenta con un cronograma de audiencias de cara al tratamiento antes que llegue al recinto.

Fuente: TELAM

Jubilaciones, el nuevo escalón: LA PRESIDENTA ANUNCIO UN AUMENTO DE HABERES DEL 11,4 POR CIENTO

La suba es a partir de septiembre, como marca la ley de movilidad. Con el incremento de marzo, la mejora acumulada en el año llega a 31 por ciento. El haber mínimo pasará a ser de 1879 pesos, y de 1924 con los 45 pesos del PAMI.

Después de 158 años de historia, a la Bolsa de Comercio le tocó ser sede de un anuncio de aumento de jubilaciones. En ese mismo recinto, Ricardo López Murphy anunciaba en marzo de 2001 un recorte del presupuesto universitario y tres meses después Domingo Cavallo lanzaba la meta del déficit cero. En un acto lleno de comparaciones entre el modelo de los ’90 y el actual, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner aprovechó para dar a conocer un incremento de jubilaciones, pensiones y pensiones no contributivas del 11,42 por ciento a partir de septiembre. Es la suba correspondiente a ese mes ordenada por la ley de movilidad jubilatoria, que el Gobierno empezó a aplicar en 2009 después de un fallo de la Corte Suprema. El aumento anterior, de marzo pasado, había sido del 17,62 por ciento, por lo cual la mejora acumulada en el año llega al 31,05 por ciento. El haber mínimo pasará a 1879,67 pesos, desde 1687, y para quienes reciben los 45 pesos del PAMI –alrededor de 1,4 millón de jubilados– llegará a 1924,67.

“Este aumento también es parte de la política de crecimiento económico”, destacó la Presidenta, quien hizo hincapié en la necesidad de fortalecer el mercado interno para resistir la crisis internacional. La medida implica distribuir entre los jubilados 1611 millones de pesos más por mes o 20.948 millones en un año. El Gobierno, por otra parte, está delineando una próxima alza de las asignaciones familiares y de la Asignación Universal por Hijo, que aportarán en la misma dirección de fortalecer el consumo. Las otras iniciativas que puso en marcha la Casa Rosada son los créditos a jubilados mediante la tarjeta Argenta, los préstamos hipotecarios del plan Pro.Cre.Ar., el financiamiento a la inversión de largo plazo con aportes de los 31 principales bancos del país y un programa de obras viales que será costeado con un aumento de los peajes. “Es lo que no entiende Europa, que no se puede salir de la crisis con ajuste sino con medidas que sostengan la demanda agregada”, polemizó CFK.

El alza de haberes llega a 5.853.628 jubilados y pensionados nacionales y ex veteranos de Malvinas. También a más de 1,2 millón de beneficiarios de pensiones no contributivas. En total son 7.111.421 personas. Cristina Kirchner comparó aquella cifra con la de 2003. En aquel entonces eran 3.488.357 jubilados y pensionados. La diferencia son las 2.132.101 personas que empezaron a recibir un ingreso a través de las distintas moratorias. Esa política de ampliación de la cobertura previsional permite que en la actualidad el 95,1 por ciento de los mayores de 65 años esté dentro del sistema. Es el mayor porcentaje de América latina.

En parte, esa política se hizo limitando los aumentos jubilatorios entre 2002 y 2006 a quienes estaban del medio hacia arriba de la pirámide jubilatoria, con haberes en ese entonces de más de 1000 pesos. Esa decisión llevó al Gobierno a chocar con la Corte Suprema, que cuestionó el plan y dictó el fallo Badaro para resguardar a ese universo. Ahora lo que se debate es la eventual generalización de esa sentencia, que el Gobierno resiste.

El haber medio para los jubilados pasará a ser desde septiembre de 2480 pesos mensuales, contra los 2226 actuales. El haber máximo, en tanto, crecerá a 13.770,83 pesos, desde 12.359. La jefa de Estado no dejó pasar la oportunidad de contarle las costillas a la oposición. Dijo que la ley de movilidad prueba una vez más su efectividad, con un alza anual del 31,05 por ciento, pese a que diputados y senadores de la oposición advertían cuando se debatió la fórmula que sería ruinosa para los jubilados.

En cuatro años de aplicación de la ley, los aumentos fueron en todos los casos superiores a las estimaciones de inflación de las consultoras privadas. En 2009, la movilidad previsional arrojó un alza acumulada del 19,9 por ciento, mientras que los cálculos privados daban un IPC de 15 por ciento. En 2010 el aumento de jubilaciones totalizó 26,5 por ciento y la inflación promedio de las consultoras, 18. En 2011 los jubilados mejoraron su haber 37,1 por ciento, contra un alza de precios del 24 según esas consultoras, y este año la comparación arroja 31,05 contra 23. En total, las jubilaciones treparon 172,6 por ciento desde marzo de 2009 y el IPC de las consultoras, 107. A pesar de la recuperación, el atraso de más de una década de haberes congelados todavía se siente. La mínima, desde el 2003, escaló un 1254 por ciento.

La Presidenta también se metió en un tema de debate de las últimas semanas. Defendió las inversiones de la Anses para preservar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Destacó su expansión del 119 por ciento en tres años y medio. Las inversiones financieras y productivas del Fondo rindieron 115 por ciento en el período, el segundo mejor resultado después de las inversiones en títulos públicos, que reportaron una ganancia del 288 por ciento. Las acciones del MerVal –índice bursátil líder– reportaron un 111 por ciento, mientras que la Bolsa de Nueva York (S&P 500) dejó 98 por ciento, y los plazos fijos (tasa Badlar), 52 por ciento. Cristina Kirchner incluyó en la comparación, con tono irónico, a las acciones del Grupo Clarín, que compraron las AFJP antes de su final. Esos papeles rindieron un 37 por ciento.

Fuente: Página12